El reciente anuncio del Poder Ejecutivo sobre el retorno de las expulsiones escolares y la aplicación de una escala progresiva de sanciones en los colegios del país ha reabierto una de las heridas más profundas del debate público: ¿Cuál es el verdadero rol de la educación en el Perú? La medida, que busca modificar las normativas de convivencia escolar para clasificar las faltas en leves, graves y muy graves -llegando a la separación definitiva en casos extremos-, se presenta bajo la narrativa del restablecimiento de la disciplina. Sin embargo, detrás del rigor del castigo se esconde una realidad incómoda: expulsar a un estudiante de la escuela es, en esencia, firmar el acta de fracaso del sistema educativo.
Mirar el problema de la indisciplina y la violencia escolar como un hecho aislado, atribuible únicamente a la "conducta de un menor", es un error de diagnóstico severo. El estudiante que hoy comete un acto de indisciplina en el aula es el producto directo de la educación que recibe, desde el nivel inicial hasta el superior. Más aún, debemos retroceder un paso en la cadena de responsabilidades; los propios padres de familia son hijos de esta escuela peruana y de la sociedad en su conjunto. Pretender solucionar una crisis formativa cortando el hilo por el lado más débil -el estudiante- no es más que un paliativo que maquilla el síntoma mientras la enfermedad social sigue avanzando.
Este escenario nos obliga a hacer memoria. En la década de los años 90, el discurso oficial se saturó de conceptos como la "educación en valores". Las pizarras se llenaron de listas de virtudes cívicas y morales que los alumnos debían memorizar. No obstante, la historia reciente del Perú nos demostró la más lamentable de las contradicciones: quienes más pregonaban esos discursos eran los mismos que, desde la cúspide del poder del Estado, contravenían cada principio ético a través de esquemas sistemáticos de corrupción.
Aquella desconexión entre la retórica y la práctica dinamitó la autoridad moral del Estado y dejó una lección perversa en las aulas; que los valores eran una formalidad para el examen, pero innecesarios en la vida pública. Los valores no se dictan ni se memorizan; los valores se absorben mediante el ejemplo. Por ello, hablar hoy de una calidad educativa real exige, en primer lugar, una coherencia absoluta y una integridad transparente por parte de las autoridades y líderes de la sociedad.
Si el objetivo es de verdad transformar el comportamiento ciudadano y rescatar a nuestra niñez y juventud, es momento de dejar de lado los parches normativos y apostar por una reforma integral de todo el sistema educativo. El éxito de una escuela no se mide por cuántos alumnos conflictivos logra expulsar para mantener una falsa calma, sino por su capacidad para retenerlos, protegerlos y rehabilitarlos; en una palabra, para formarlos. Para lograrlo, la agenda del Estado debe concentrarse en tres pilares fundamentales que han sido postergados por décadas:
· Personal profesional multidisciplinario. La Ley N° 29719, que promueve la convivencia sin violencia, estipula desde hace años la presencia de psicólogos en las instituciones educativas. En la práctica, la brecha presupuestaria ha convertido este mandato en una letra muerta en la gran mayoría de escuelas públicas. Un colegio moderno no puede funcionar solo con docentes; requiere de psicólogos permanentes, trabajadores sociales que evalúen los entornos familiares vulnerables y tutores capacitados en la resolución pacífica de conflictos.
· Equipamiento e infraestructura digna. La calidad educativa tiene un costo que el país debe asumir. Las aulas sobrepobladas y el hacinamiento dificultan el control pedagógico y anulan la posibilidad de una atención personalizada. Las instituciones necesitan espacios adecuados para la contención emocional, laboratorios equipados, conectividad y áreas que fomenten el arte, el deporte y la ciencia como herramientas efectivas para canalizar las energías y reducir la frustración escolar.
· Enfoque preventivo y comunitario. La escuela no puede librar esta batalla sola. Se requiere reestructurar de manera urgente las "Escuelas para Padres" para brindar herramientas de crianza positiva a familias que muchas veces solo replican ciclos de violencia heredados. Asimismo, es vital articular la escuela con los Centros de Emergencia Mujer (CEM), la salud mental comunitaria y los gobiernos locales para tejer una red de protección real alrededor del menor.
Aislar a un estudiante "problemático" es condenarlo a la deserción, a la calle y, eventualmente, a la marginalidad, trasladando un problema del sector Educación al sector Interior. La educación es el pilar fundamental del desarrollo humano y del progreso de los pueblos. Elevar el presupuesto histórico asignado a este sector y sostenerlo en el tiempo no es un gasto, es la inversión más rentable que un país puede hacer por su futuro.
Dejemos atrás las medidas punitivas que solo buscan evadir la responsabilidad compartida. El Perú no necesita escuelas del descarte; necesita un sistema robusto, integrador y humano, capaz de transformar las conductas difíciles en ciudadanos libres, éticos y productivos. Esa, y no otra, es la verdadera calidad educativa a la que debemos aspirar.
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Escribe: Saturnino Cartagena Huaillani*