NOTICIAS CUSCO 14/02/206: Mucho por desear de nuestros congresistas, que bailan por el dinero y el poder. Dioses de qué, si ya se les acaba…

El Perú atraviesa uno de esos momentos que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en punto de quiebre o en evidencia de una resignación colectiva. Los recientes escándalos atribuidos al presidente interino, José Jerí, no solo han sacudido el tablero político; han vuelto a exponer una enfermedad crónica de nuestra institucionalidad. Más grave aún es la respuesta o la ausencia de ella desde el Congreso de la República, donde maniobras dilatorias, cálculos partidarios y silencios estratégicos parecen pesar más que la transparencia y la responsabilidad pública.
El presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, es señalado por evitar la convocatoria a una sesión que permita debatir y eventualmente censurar al mandatario interino. En un sistema democrático, el control político no es una opción discrecional; es un deber. Postergar indefinidamente el debate no apacigua la crisis; la profundiza. Cuando el Congreso se rehúsa a deliberar, el mensaje que se envía es inequívoco; el cálculo político vale más que la rendición de cuentas.
A ello se suma un sector de congresistas que, lejos de asumir una postura firme frente a los cuestionamientos, parece decidido a blindar al presidente Jerí. Es sabido que, el blindaje parlamentario no es nuevo en nuestra historia reciente. Sin embargo, cada vez que se activa, erosiona un poco más la ya frágil confianza ciudadana. Defender a un funcionario investigado no es sinónimo de defender la institucionalidad; por el contrario, puede convertirse en la coartada perfecta para normalizar la impunidad.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en quienes hoy ostentan cargos. También preocupa la conducta de ciertos candidatos que, en el discurso, proclaman estar a favor de la censura y la fiscalización, mientras que en la práctica adoptan posturas ambiguas o francamente contradictorias. Esta disonancia entre palabra y acción no solo es oportunismo político; es una forma de engaño. Y el engaño reiterado termina vaciando de sentido al debate público.
En medio de este escenario, la ciudadanía observa con creciente impotencia. La sensación de que «todo está arreglado» o de que las decisiones ya están tomadas antes de cualquier deliberación pública alimenta el desencanto. Sin embargo, la apatía es un lujo que el país no puede permitirse. La democracia no se erosiona de un día para otro; se desgasta lentamente cuando la vigilancia ciudadana se debilita y cuando los actores políticos comprueban que el costo de la incoherencia es mínimo.
Lo que está en juego no es únicamente la permanencia o salida de un presidente interino. Lo que se disputa es la credibilidad de nuestras instituciones. Un Congreso que no debate, un Ejecutivo que acumula cuestionamientos y candidatos que predican una cosa y practican otra; configuran un triángulo de desconfianza que asfixia cualquier proyecto de gobernabilidad.
El Perú necesita algo más que relevos de nombres. Necesita coherencia, coraje político y reglas claras que se cumplan sin excepciones. La censura, cuando corresponde, debe ser producto de un análisis serio y transparente, no de negociaciones secretas. Y la defensa, cuando existe, debe sustentarse en argumentos sólidos, no en alianzas coyunturales.
La historia reciente demuestra que el descrédito institucional tiene consecuencias profundas: Paraliza reformas, desalienta la inversión, polariza a la sociedad y abre espacio a salidas autoritarias. Cuando la política se convierte en un juego de blindajes y maniobras, pierde su esencia de servicio público y se transforma en una arena de supervivencia personal.
Es momento de que quienes ocupan el poder comprendan que cada decisión, cada omisión y cada cálculo tiene un impacto en la ya deteriorada confianza social. Y es momento, también, de que la ciudadanía recupere la convicción de que su voz importa, de que el escrutinio público puede incidir y de que la democracia no se limita a votar cada cierto número de años.
La triste realidad que hoy enfrenta el país no es un destino inevitable. Es el resultado de acciones concretas y de omisiones igualmente concretas. Precisamente por eso puede y debe ser transformada. El Perú merece instituciones que funcionen, liderazgos coherentes y un Congreso que debata sin temor. Solo así podremos dejar de mirarnos en el espejo del escándalo y comenzar a reconocernos en el reflejo de una democracia madura y responsable.
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Escribe: Saturnino Cartagena Huaillani*