El extraordinario pedido al nuevo gobierno, dejar trabajar a los peruanos…

Escribe: Saturnino Cartagena Huaillani*
El Perú se encuentra, una vez más, ante las puertas de un nuevo ciclo político. En las redacciones y los directorios económicos se debate con urgencia qué rumbo tomar para reactivar el país. Hace poco, el economista Miguel Palomino publicaba una columna titulada: “La mayor ventaja del Perú”, donde recordaba una verdad incómoda pero medular, el motor que saca a la gente de la pobreza no es el gasto público, sino la inversión privada masiva. Palomino tiene razón desde la perspectiva de las grandes cifras. Sin embargo, si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier ciudadano cuál es la verdadera ventaja de este país, la respuesta no será la minería ni las reservas internacionales. La respuesta será unánime: su gente.
¿Están reñidas ambas visiones? En absoluto. El gran desafío de los gobernantes actuales no es elegir entre una u otra, sino entender que la inversión privada y el capital humano son las dos caras de la misma moneda.
Para entender el argumento técnico, debemos mirar los números. Las grandes inversiones en minería, agroexportación e infraestructura son las que sostienen la columna vertebral del Estado. Generan los impuestos con los que se deberían construir hospitales, carreteras y colegios. Son las que ponen al Perú en el mapa global y dan predictibilidad a una economía que ha resistido tormentas políticas que habrían hundido a otros países de la región. Esa estabilidad macroeconómica es, sin duda, una ventaja competitiva enorme.
Pero esa estructura de acero necesita combustible. Y el combustible es la resiliencia del peruano de a pie. El microempresario de Gamarra, la comerciante de los mercados locales, el joven que emprende una empresa innovadora de base tecnológica y el agricultor que abastece las mesas de las ciudades. Mientras la política cruje y los gobiernos pasan, los peruanos siguen levantándose a las cinco de la mañana. No piden regalos, no esperan bonos eternos; piden algo mucho más simple y esquivo, que los dejen trabajar.
Aquí es donde la teoría económica choca con la realidad del ciudadano. Para un gran inversionista, las trabas se llaman «permisos ambientales paralizados» o «falta de seguridad jurídica». Para el ciudadano común, las trabas se traducen en una burocracia municipal asfixiante, una tramitología que criminaliza la informalidad en lugar de incentivar la formalización; y, de manera cada vez más alarmante, la inseguridad ciudadana. Las extorsiones y el crimen organizado son hoy el impuesto más caro y violento que pagan los emprendedores peruanos.
Cuando el Estado no garantiza el orden público y ahoga con regulaciones absurdas al que intenta abrir un negocio legal, está destruyendo su mayor activo. «Dejar trabajar» no significa desregular el país para que reine el caos; significa simplificar las reglas del juego, limpiar las calles de delincuencia y tender puentes.
El nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica, pero el reloj corre. No basta con viajar al extranjero a buscar grandes capitales si los beneficios de esos proyectos no se sienten en el bolsillo del mototaxista o de la dueña de la pensión local. Se necesita un encadenamiento real. Las grandes empresas deben ser aliadas del desarrollo de sus comunidades, integrando a los proveedores locales en sus cadenas de valor.
La mayor ventaja del Perú no es un yacimiento de cobre, ni tampoco es el orgullo abstracto de ser un pueblo trabajador. La verdadera ventaja es la combinación de ambos, un país con recursos e inversión que le permitan crecer, y una población con el hambre de éxito suficiente para aprovechar cada oportunidad.
El mensaje para el nuevo gobierno y para las nuevas autoridades municipales es claro. Limpien la cancha, den seguridad, reduzcan el papeleo innecesario y dejen que el talento nacional haga el resto. Si el gobierno logra, de una vez por todas, ponerse del lado de los que producen -desde el gran directorio hasta el mototaxi-, el Perú no solo reanudará su marcha, sino que será imparable.
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