NOTICIAS CUSCO 15/10/2024: INJUSTICIAS DE LA VIDA, GRAVE SITUACIÓN EN PENAL DE VARONES DE QUENQORO: PERSONA RECLUIDA SIN MANDATO JUDICIAL VIGENTE…
Se ha detectado una preocupante irregularidad en el caso de un ciudadano recluido en el penal de varones de Quenqoro, quien se encuentra privado de su libertad por más de 8 días sin que exista un mandato judicial vigente que ordene su permanencia en prisión. Quien a la fecha se encuentra recluido más de 17 meses.
Según documentos presentados por el Estudio Jurídico Aguilar Velarde & Asociados, se advierte que la prisión preventiva del afectado venció, y a la fecha no se ha renovado ni se ha dictado otra medida que justifique su encarcelamiento, lo que constituye una grave vulneración a sus derechos fundamentales.
Aún más alarmante es que la causa que originó la nulidad de la sentencia de primera instancia revela graves fallos en el proceso judicial. Se ha demostrado que el colegiado encargado de sentenciar al ciudadano realizaba audiencias paralelas, un acto que transgrede todas las garantías del debido proceso y vulnera el derecho a la defensa del acusado. Esta falta de atención y la aparente necesidad de “producir” fallos sin un análisis adecuado reflejan un total desprecio por la justicia.
El estudio jurídico ha manifestado su preocupación sobre el hecho de que este colegiado, lejos de escuchar con atención cada audiencia, actúe de manera automática, sin realizar un análisis exhaustivo de los casos que se les presentan. Surge la inquietante pregunta:
¿Cuántas sentencias condenatorias han emitido en circunstancias similares, y cuántas absolutorias?
Los juzgados especializados en violencia parecen operar bajo una consigna que prioriza la cantidad de fallos sobre la calidad y justicia de los mismos.
Se espera que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen de manera ejemplar a los funcionarios responsables de estas graves irregularidades, garantizando que hechos como estos no vuelvan a repetirse.
La justicia no puede ser un proceso automático; requiere de la más alta responsabilidad y compromiso con los derechos humanos y las garantías procesales.
