NOTICIAS CUSCO 22/04/2023: HASTA QUE VENDRÁ Q’ARAUYA TOLEDO, MAÑANA DOMINGO ESTARÁ EN SUELO PERUANO…

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TODO TIENE SU FINAL, CABANENSE SERÁ DEPORTADO EN TIEMPO RÉCORD….

Tras entregarse a las autoridades estadounidenses para permanecer en prisión hasta el momento de su extradición a Perú, el expresidente Alejandro Toledo solicitó al juez Thomas H. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, autorizar la devolución del millón de dólares que desembolsó en 2020 para salir en libertad bajo fianza.
El magistrado Hixson, en marzo de 2020, ordenó la liberación bajo fianza de Toledo Manrique debido a que el exmandatario es considerado población vulnerable ante la COVID-19. El monto total se dividió en 500.000 dólares en efectivo y el otro medio millón en propiedades inmobiliarias.
“Tras la entrega del doctor Toledo, de conformidad con la Regla 46(g) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el doctor Toledo, por y a través de su abogado, solicita a esta Corte la exoneración de la fianza de comparecencia y la devolución de la fianza en efectivo más los intereses a los propietarios que figuran en el formulario de Declaración Jurada del Propietario de la Fianza en Efectivo archivado en la Secretaría de la Corte”, se lee en el documento al que accedió la prensa.
Además de Eliane Karp, destaca el nombre de Eric Bredo, amigo de Toledo y catedrático en la Universidad de Toronto. El también sociólogo es reconocido por intentar obstaculizar con unos peculiares movimientos la labor del periodista de RPP, Gerardo Reyna, quien abordó al expresidente en la Corte del Distrito Norte el 7 de abril.
Ese día, Toledo debía entregarse para ser encarcelado por orden del juez Hixson. Sin embargo, el exmandatario había ganado, pocas horas antes, una suspensión de 14 días por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. En esas dos semanas, el extraditable falló en cada intento para seguir dilatando su inminente regreso a Perú.
Las autoridades peruanas requieren la presencia de Toledo para que responda por la acusación de lavado de activos y colusión por las presuntas coimas de más de 35 millones de dólares que recibió por parte de Odebrecht para la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

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