Nueve presidentes en diez años: El canibalismo político que convirtió al Perú en un país desechable

Escribe: Saturnino Cartagena Huaillani*

Imagínate que subes a una montaña rusa que no tiene frenos y cuyos rieles se van armando a mitad del camino. Así se siente vivir en el Perú contemporáneo. Si te ha costado aprenderte los nombres de nuestros últimos mandatarios o perdiste la cuenta de cuántas veces hemos visto una transmisión de emergencia desde el Congreso, no estás solo. Hemos pasado de ser un país que admiraba su crecimiento económico a convertirnos en un laboratorio de la inestabilidad, logrando el triste récord de tener nueve presidentes en apenas una década. Cambiar de jefe de Estado se ha vuelto algo tan cotidiano como cambiar de polo, y eso debería preocuparnos a todos.
Para entender cómo llegamos a este frenesí, hay que mirar el quiebre del año 2000. Tras la aparatosa caída del régimen de Alberto Fujimori por los famosos «vladivideos», el Perú respiró un aire de esperanza. Tuvimos una transición ordenada con Valentín Paniagua y encadenamos gobiernos que, con aciertos y errores, terminaron sus mandatos de cinco años: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Parecía que la democracia por fin echaba raíces y la economía volaba. Sin embargo, detrás de la fachada del éxito macroeconómico, se estaba cocinando una bomba de tiempo: la corrupción de la constructora Odebrecht, un escándalo que terminó salpicando y persiguiendo judicialmente a casi todos los exmandatarios vivos del país.
La verdadera tormenta estalló en 2016 y desde entonces no ha parado. Inauguramos una era de «guerra de poderes» donde el Ejecutivo y el Congreso se declararon la aniquilación mutua. Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar acorralado; Martín Vizcarra terminó destituido tras disolver él mismo un Parlamento; y Manuel Merino duró apenas cinco días en el cargo porque la juventud salió a las calles a decirle que su legitimidad valía cero. Ni el respiro que nos dio Francisco Sagasti logró apagar un motor de conflicto que ya estaba fuera de control.
El tramo más reciente ha sido el más caótico de todos. Pasamos del experimento fallido de Pedro Castillo, quien terminó arrestado tras intentar un autogolpe televisado, a la gestión de Dina Boluarte, que pasó a la historia como la primera presidenta del país, pero que también terminó fuera del cargo antes de tiempo, vacada por un Congreso descontento ante la crisis de inseguridad ciudadana. Las transiciones exprés de José Jerí y el mandato interino de José María Balcázar solo confirmaron lo que ya sabíamos: las reglas de juego están rotas y el poder se ha vuelto un objeto desechable.
Toda esta parálisis en las altas esferas tiene un costo muy alto, y no lo pagan los políticos, sino el bolsillo de los ciudadanos. Cada vez que un presidente cae o un ministro es censurado, los proyectos de inversión se congelan, las obras públicas se paralizan y los precios en los mercados suben por la desconfianza económica. Mientras las autoridades se canibalizan entre sí por una cuota de poder, el ciudadano de a pie sufre la falta de empleo digno, el deterioro de los hospitales y una delincuencia que avanza sin frenos porque no hay políticas de seguridad que duren más de seis meses. La inestabilidad política se traduce, al final del día, en menos dinero para las familias y un costo de vida cada vez más difícil de sostener.
Hoy, a las puertas de que una nueva gestión presidencial asuma las riendas del país, el rol de la población tiene que cambiar radicalmente. La tarea ya no es elegir, porque los dados en las urnas ya fueron lanzados; el verdadero deber ciudadano que empieza ahora es el de la fiscalización implacable y activa. Un nuevo gobierno no es un cheque en blanco ni el inicio de un cuento de hadas; es un contrato temporal que los ciudadanos debemos auditar todos los días. Nuestra responsabilidad no termina al dejar que la nueva gestión se acomode en Palacio, sino en mantener los ojos abiertos, exigir que se respeten las reglas de juego y no permitir que los nuevos gobernantes repitan el libreto de la confrontación destructiva que tanto nos ha costado. La estabilidad no vendrá de la buena voluntad de los que entran, sino de nuestra capacidad como sociedad para exigirles que den la talla.
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